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Juan Fernández acusa al Govern de abandonar a los catalanes al no aprobar ni un solo presupuesto y mantener el colapso en los servicios públicos

Juan Fernández acusa al Govern de abandonar a los catalanes al no aprobar ni un solo presupuesto y mantener el colapso en los servicios públicos

Los populares proponen un modelo alternativo que rebaje presión fiscal, desbloquee proyectos paralizados, impulse una mejora de los servicios públicos, reduzca la macro estructura, fomente la actividad económica y tenga una política de vivienda eficaz



El portavoz del Partido Popular (PP) en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández, ha cargado duramente contra el Govern de Salvador Illa, al que acusa de abandonar a los catalanes y renunciar a su responsabilidad de gobernar, tras más de dos años sin aprobar un solo presupuesto autonómico manteniendo, de ese modo, el colapso en los servicios públicos. “Los datos no mienten, son objetivos, y el hecho de que el Govern socialista de Salvador Illa no tenga unos presupuestos propios aprobados para 2024, 2025 y 2026 es en sí un síntoma grave de abandono y de renuncia de la responsabilidad que tiene con los ciudadanos de Cataluña” ha manifestado.


Fernández ha usado su intervención para dar “una ducha de realidad” al Govern, mostrando de qué manera la falta de presupuestos está lastrando la sanidad, la educación y los servicios sociales en Cataluña. En la sanidad pública catalana “existe un dato alarmante”, y es que a cierre del segundo semestre de 2024 “196.911 pacientes están en espera de una operación quirúrgica, el tiempo de espera para ser operado se sitúa en 145 días en Cataluña frente a los 126 de media española” y “lo más grave, la Generalitat se ha visto obligada a congelar la ampliación de los programas de cribado de cáncer de mama y de colon”.


En materia educativa, ha señalado los 937 barracones que siguen repartidos por toda Cataluña, “por no hablar de los retos pendientes y urgentes para mejorar la calidad educativa del sistema”. También es crítica la situación de la dependencia, que registra “38.000 personas en lista de espera para acceder al sistema y una media de 275 días hasta recibir la prestación correspondiente”, superando así, de largo, los 180 días máximos que fija la ley. A esto último, hay que añadir el tiempo de espera para la evaluación del grado de dependencia, que es de 22 meses en provincias como Lleida, y que las entidades del tercer sector aseguran “que esta cifra ha crecido con el Govern de Salvador Illa”.


Para el portavoz popular, “la situación es gravísima” y no disponer de presupuestos es “condenar a la desatención sistemática” de las personas que más lo necesitan. “Ya van camino de dos años mareando la perdiz mientras los hospitales esperan, los colegios se caen a trozos y las familias no llegan a final de mes porque están ahogadas en su infierno fiscal”, ha dicho.


Los populares tienen claro que al Govern de Salvador Illa se le ha terminado el crédito, porque “es el único presidente de una comunidad autónoma de España que no ha aprobado ni un presupuesto en su mandato. El único”, y eso trae en consecuencia una conclusión clara: “la falta de presupuestos lastra las listas de espera, deteriora la fiabilidad del sistema público de salud y se convierte en abandono, se convierte en un freno para la mejora del sistema educativo público, servicios sociales y dependencia”.
Por todo ello, Fernández ha sido muy crítico con la “prosperidad compartida de la que presume el Govern” porque se ha convertido “en un desastre compartido” y ha propuesto una alternativa resumida en seis pilares básicos: una reforma fiscal justa y no confiscatoria que ponga fin al “infierno fiscal que padecen los catalanes”; dotación presupuestaria para desbloquear proyectos paralizados por las formaciones del no a todo; impulsar la mejora de los servicios públicos con medidas concretar para reducir las listas de espera en sanidad y garantizar una educación de calidad y libertad; reducir la macro estructura administrativa mediante “un plan de austeridad que elimine duplicidades”; fomentar la actividad económica y la competitividad vía simplificación de trámites; y una política de vivienda eficaz, centrada en la oferta y el refuerzo de la seguridad jurídica.