El portavoz de los populares catalanes defiende seguir esta línea para que deje de protegerse a los okupas y se puedan desalojar viviendas en 24 horas
El portavoz del Partido Popular (PP) en el Parlament de Cataluña celebra que el edificio B9 de Badalona “vuelva a ser de los vecinos” porque así se restituye “la legalidad y se restablece la convivencia”, después de años en los que los vecinos “han pagado el precio de leyes injustas y de gobiernos que protegen a los okupas”. La recuperación de este espacio “secuestrado” pone de manifiesto “el modelo Albiol en Badalona es el modelo a seguir”, ha subrayado Fernández.
Fernández ha contextualizado la desokupación hablando de las familias que durante años han sido obligadas a convivir “con la inseguridad, con la droga, con la degradación y con la sensación de que las administraciones miraban hacia otro lado”, añadiendo “el calvario judicial” que han soportado los vecinos y el propio Ayuntamiento mientras reinaba la sensación que “el sistema protege al okupa y castiga al vecino”.
“No se puede seguir protegiendo al okupa”, ha repetido Fernández durante su intervención, mientras también ponía de manifiesto que la recuperación de este espacio público por parte del alcalde popular de Badalona es lo que debe llevarse a cabo en Cataluña y el conjunto de España, porque además ése es el posicionamiento del PP, que defiende “soluciones claras, directas y eficaces, como la expulsión de los okupas ilegales en 24 horas, sin excusas ni dilaciones, para evitar que los procesos se eternicen y para impedir que situaciones como la del B9 se repitan”.
Para los populares, la desokupación del B9 no es una medida radical, “sino justa” con los vecinos, porque “quien ocupa ilegalmente no puede tener más derechos que quien respeta la ley”, de otro modo se estaría premiando la ilegalidad. “Solo hay dos caminos: proteger a los vecinos o mirar hacia otro lado, y Badalona ha apostado por el orden, por la seguridad, por la legalidad y por la convivencia”, ha insistido.
Por último, Fernández ha destacado que la situación con el B9, como ocurre con el resto de okupaciones en España, es el resultado “de años de políticas buenistas, que han generado un escenario donde la okupación se relativiza y el cumplimiento de la ley parece opcional”.