Ángeles Esteller rechaza “plantear el debate en términos de enfrentamiento entre taxi y VTC ya que se trata de regular para mejorar el servicio, no para restringir la oferta” y defiende la necesidad de “integrar a todos los operadores dentro de un mismo ecosistema de movilidad que permita mejorar la oferta de transporte urbano, aumentar la disponibilidad de vehículos e introducir innovación tecnológica en el Servicio”.
26 febrero de 2026 .- La diputada del Grupo Popular en el Parlament de Catalunya, Ángeles Esteller, ha pedido hoy “una regulación moderna del taxi y las VTC que aumente la oferta de movilidad y ponga al ciudadano en el centro”.
Para Esteller, se trata de “regular para mejorar el servicio, no para restringir la oferta” y ha advertido que “la proposición de ley declara el taxi como servicio de interés económico general para justificar restricciones a los VTC sin acreditar el impacto que estas medidas pueden tener sobre la oferta de movilidad, la innovación en el sector, la actividad económica o la libertad de elección de los usuarios”.
En este sentido la diputada del PPC plantea “un modelo de movilidad con serenidad y rigor, adaptándolo a los cambios que se han producido en los últimos años con la aparición de nuevas plataformas digitales y nuevos hábitos de movilidad”. “El transporte urbano bajo demanda ha cambiado profundamente y no se puede regular con la lógica del siglo pasado”, han señalado. Asimismo ha defendido que “cualquier regulación del transporte público debe situar siempre al ciudadano en el centro de la decisión política, garantizando un servicio de calidad, fiable y con capacidad suficiente para atender la demanda”.
Ángeles Esteller han recordado que “en Barcelona y su área metropolitana existen franjas horarias en las que la oferta de taxi es insuficiente para absorber toda la demanda, especialmente en horas punta, durante grandes eventos, ferias o congresos, en conexiones con nodos de transporte o durante el horario nocturno”. Por ello, “ si el objetivo debe ser garantizar más servicio para el ciudadano, más calidad en la movilidad y más oferta disponible”, considera que “no se pueden reducir opciones ni expulsar operadores del mercado, ya que restringir la oferta perjudicaría a sectores económicos, culturales y turísticos, además de afectar a empresas, trabajadores e inversiones vinculadas al sector”.
En este marco, “apuesta por preservar la regulación tradicional del taxi, pero introduciendo mayor flexibilidad para que el sector pueda modernizarse, mejorar la organización del servicio y beneficiarse de la colaboración con plataformas digitales”. Al mismo tiempo, “rechaza imponer restricciones que limiten el funcionamiento de las plataformas o la prestación de servicios por parte de los VTC dentro de las ciudades”.
Durante el debate de la proposición de ley Esteller ha advertido que “se trata de una regulación de gran trascendencia jurídica y política, ya que afecta directamente a la movilidad de millones de ciudadanos y se inserta en un marco normativo estatal y europeo, además de estar vinculada a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de junio de 2023 que anuló diversas restricciones impuestas a los VTC en el Área Metropolitana de Barcelona”.
En este sentido, la diputada del PPC ha señalado un problema de base en la tramitación de esta iniciativa, al tratarse de una proposición de ley parlamentaria y no de un proyecto del Gobierno, lo que implica que “el texto no incorpora informes técnicos ni análisis de impacto que acrediten la necesidad y proporcionalidad de las medidas propuestas”.Esta falta de justificación es especialmente problemática en el marco del derecho europeo que exige que cualquier limitación a la actividad económica esté debidamente motivada y debe responder al interés general.
Además Ángeles Esteller también ha advertido que la futura ley debe ser jurídicamente sólida y respetar los principios constitucionales de libertad de empresa, igualdad y seguridad jurídica y ha recordado que “la actividad económica puede ser regulada, pero no anulada de facto mediante restricciones desproporcionadas, y que crear diferencias excesivas entre taxi y VTC podría generar serias dudas de proporcionalidad”.
Finalmente ha insistido en defender un sistema de transporte “moderno, plural y competitivo”, en el que el taxi siga siendo una pieza fundamental, pero en el que otros servicios también puedan operar y aportar valor, garantizando siempre la libertad de elección de los ciudadanos, más innovación tecnológica y mayor seguridad jurídica”.