5, octubre, 2020.- La presidenta del Partido Popular de la provincia de Girona, Maria Àngels Olmedo, acompañada por la diputada en el Congreso, Llanos de Luna y el Presidente Local de Salt, Julià Carpintero, ha manifestado durante la presentación del “Plan antiokupa y de seguridad ciudadana” a Salt que “el PP quiere que se prohíba en los ayuntamientos empadronar a los ocupas y se puedan anular aquellos que se hayan inscrito siente ilegales”.

La campaña de recogida de firmas se ha realizado en el municipio de Salt, lugar afectado especialmente por una ocupación ilegal que desde hace años supone problemas de convivencia para los vecinos del barrio.

Por su parte, Maria Àngels Olmedo ha explicado que, a través de un espacio habilitado en Change.org por parte del Partido Popular, “todos los ciudadanos que quieran pueden dar su apoyo a esta iniciativa contra la ocupación ilegal, en defensa del derecho a la propiedad, la libertad y la seguridad ciudadana”. La presidenta provincial ha añadido que “desde el PP defendemos el derecho a la propiedad, a la libertad y a la seguridad ciudadana frente a una izquierda que niega el fenómeno de la ocupación ilegal”.

La diputada del Partido Popular en el Congreso, Llanos de Luna, ha expresado que “el Partido Popular quiere, con su proposición de ley para luchar contra la ocupación ilegal, que se contemple de manera integral el fenómeno delictivo de la ocupación y se defienda y garantice también la seguridad de las comunidades de vecinos, a las cuales permite actuar para mantener la convivencia y las condiciones de salubridad que se ven afectadas por la presencia de los ocupas”.

Así mismo, la diputada ha explicado que “por primera vez la ley define que se considera ocupación ilegal y se aumentan las penas para las mafias y organizaciones criminales que se están lucrando con este fenómeno. Además, se establece que nunca una vivienda ocupada de manera ilegal podrá considerarse domicilio o vivienda porque los ocupas ilegales no disfruten de la misma protección que tiene que tener un propietario o inquilino que paga su renta. También se aumentan las penas hasta tres años”.

Julià Carpintero, Presidente de la Junta Local del Partido Popular de Salt, ha explicado que “esta ley es muy necesaria a Salt, donde tenemos más de 600 ocupaciones ilegales, y permitirá desalojar una ocupación ilegal entre 12 y 48 horas máximo”.