Titulares de Cayetana Álvarez de Toledo en Barcelona
- Hoy el tribunal Supremo ha confirmado que Torra no es diputado y, por lo tanto, en razón del propio reglamento del Parlament de Cataluña y de la Constitución, tampoco es presidente del Generalitat.
- El ciudadano Torra debe abandonar ‘ipso facto’ su escaño en el Parlament y la presidencia de la Generalitat.
- El presidente Sánchez debe garantizar la inmediata remoción de Torra como diputado autonómico y presidente de la Generalitat.
- Pedro Sánchez tiene la obligación democrática y constitucional de hacer cumplir la ley, e impedir que haya un okupa en el Parlament y un usurpador al frente de la Generalitat de Cataluña. Cataluña debe tener un presidente no solo legítimo, sino legal, y no tiene ni una cosa ni la otra.
Comprendo que, para Sánchez, no es fácil hacer cumplir la ley cuando los socios y aliados que te han hecho presidente son precisamente los que violentan la Ley. Pero lo va a tener que hacer porque, de lo contrario, se estará colocando él mismo contra la ley y como blanco de la ley.
Sánchez debe anunciar también hoy mismo que cancela la reunión que pretendía mantener la semana que viene con el usurpador. Esa reunión es del todo improcedente, ofensiva e ilegal.
Ya sabemos a qué se deben las obscenas prisas de Sánchez por ser investido. No fue la urgente necesidad de acabar con el bloqueo político en España, sino la previsible acción del Estado de Derecho contra sus principales aliados.
Las resoluciones judiciales dejan en evidencia también parte del contenido de la intervención de Sánchez en el pleno de investidura. Fue, más que una investidura, una ‘embestidura’ contra el Estado de Derecho, hablando de la desjudicialización de la política.
El candidato llegó a calificar las resoluciones de la Junta Electoral Central como “zancadillas y artimañas de la extrema derecha”. Pues ni zancadillas ni artimañas de la derecha, simplemente era el Estado de Derecho en acción cumpliendo con su obligación democrática.
Debería darle vergüenza a la Abogacía del Estado el auto que ayer publicó el Tribunal Supremo. La Abogacía del Estado se colocó prácticamente en plano de igualdad con las defensas de los condenados, defendiendo las posiciones de Junqueras frente a las que son legales dentro del Estado de Derecho.
Ya advertimos que lo que se estaba fraguando no era una coalición progresista, sino un Gobierno contra el Estado: una coalición ultra de fuerzas políticas que cuestionan el Estado de Derecho y su funcionamiento. El principal obstáculo a los planes y objetivos de esa coalición ultra es precisamente el Estado de Derecho.
No hay democracia sin ley. Sánchez se ha sumado a las tesis antidemocráticas de Torra, de Junqueras y demás compañeros de la sedición, que contraponen la voluntad popular a la ley democrática como si fueran dos cosas distintas. Ésa es una posición disolvente de la democracia e inaceptable en un Estado de Derecho. Y es totalmente contraria a cualquier orden de convivencia.
No hay contraposición entre ley y democracia. Sin ley sólo queda la selva. Cuando no hay leyes, se impone la voluntad del más fuerte.
El Parlament solo tiene una opción, que es dar cumplimiento inmediato y efectivo a la decisión de la Junta Electoral Central, ratificada por el Supremo.
El señor Torrent debe pensarse muy bien si pretende convertir el Parlament en un garito de juego, donde no se cumple la Ley. Que recuerde lo que le sucedió a su predecesora, la señora Forcadell y a los demás miembros de la Mesa del Parlament.