Comunicado de Alejandro Fernández tras la inhabilitación de Quim Torra

  • Hoy, con la sentencia de la inhabilitación de Torra, gana la democracia, gana el estado de derecho y en consecuencia gana la necesaria neutralidad que han de tener las administraciones públicas en periodo electoral.

 

  • Recordar que la junta electoral consideró que aquella pancarta no era un llamamiento genérico a la libertad, sino que era una pancarta que estaban utilizando determinados partidos políticos y, en consecuencia, hizo un requerimiento para que se retirara. Fue Torra quien decidió de manera unilateral romper la neutralidad que han de tener las administraciones públicas en periodo electoral.

 

  • No es una sentencia contra Cataluña, es una sentencia contra Torra que, de manera imprudente, irresponsable y profundamente antidemocrática, decidió no respetar la Ley electoral y no respetar la neutralidad de los edificios públicos.

 

  • No es tampoco una sentencia contra la dignidad de la presidencia de la Generalitat de Cataluña, es una sentencia contra quien olvidó la dignidad que requiere la presidencia saltándose la Ley y la neutralidad que le era obligada en calidad de presidente de la Generalitat. Él solito se metió en ese lio sólo él es responsable.

 

  • Ahora se abre un periodo en Cataluña en el que nuestra máxima obligación es ser capaces de evitar el bloqueo de las instituciones democráticas catalanas, pero le corresponde solo y en exclusiva a Roger Torrent, en calidad de presidente del Parlament de Catalunya, desbloquear la situación. El resto de formaciones políticas podemos proponernos o no a una investidura, pero sólo él puede decidir hacer correr el reloj electoral o iniciar una nueva investidura. El PP de Cataluña se pone a disposición del Parlament de Catalunya y del conjunto de fuerzas políticas para buscar una solución que evite el bloqueo político en Cataluña.

 

  • Hacemos un llamamiento: corresponde a Pedro Sánchez y a su gobierno garantizar el cumplimiento de la sentencia, el orden y la convivencia. Cataluña no se puede permitir revivir lo ocurrido en octubre de hace un año y aún menos en tiempo de crisis económica y de pandemia. Sánchez y su gobierno deben proteger la salud, la economía y la seguridad de todos los catalanes.