El inicio del curso escolar, matrículas, libros, el cambio del ropero, los precios y demás puestas al día que suponen lo peor del regreso a casa. Este año la cuesta de septiembre no se quedará sólo en los gastos del inicio escolar, que no son pocos, sino que el gobierno socialista ha decidido anunciar una subida de impuestos a todas las familias de clase media, que hayan conseguido resistirse al paro y mantener sus negocios y empleos contra el vendaval de la crisis.

Después de lanzar el anuncio de la contención de los sueldos públicos que todo el mundo entendió como congelación del sueldo de los funcionarios, les llegó el turno al resto de contribuyentes. Un torpedo en la línea de flotación de las familias, los profesionales liberales, los pequeños empresarios, justamente aquellos que mantienen activa la economía y a los que todos los analistas aconsejaban ayudar. Después del anuncio y vista la metedura de pata, vino la rectificación, aunque nadie se la ha creído porque ya estamos acostumbrados a los pirómanos-bomberos.

Y es que en cuestión de credibilidad el gobierno tiene déficit. Zapatero no está para lisonjas y necesita liquidez, para hacer frente a sus despilfarros, así que después de haberle regalado a los bancos un buen puñado de euros que nadie sabe dónde están, ha decidido recuperarlos por la vía del impuesto olvidando que él se declaró de izquierdas.

Una subida de impuestos temporal y/o limitada. Temporal, puede, por aquel dicho castizo que afirma que todo lo que sube baja, pero limitada no sé muy bien a qué o a quién, porque la clase media es mayoría y la que paga sus impuestos con rigurosidad. Así que el gobierno después de vaciar las arcas del Estado está dispuesto a vaciar también, las huchas de los contribuyentes.

Llegó en su ayuda Pepiño, ministro de fomento a plena dedicación y de economía a tiempo parcial y apelando a la solidaridad de los españoles les pidió una aportación especial, que estamos en crisis.La técnica del gobierno está clara cuando no sabe qué hacer, lanzar un globo sonda, ver si se altera el personal, desautorizar lo afirmado, rectificar en tal caso, y hacer lo que más les place. Una nueva forma de hacer política, la maestría de la improvisación.

Mientras esto ocurría, el Parlament celebró una maratoniana sesión para debatir el nuevo modelo de financiación que en nada iba a cambiar la situación y cuya única lógica sólo es justificable desde la perspectiva nacionalista de CiU, que en esta negociación se ha quedado sin protagonismo y necesitaba encontrarlo elevando el tono de la reivindicación y apelando a los incumplimientos estatutarios. Lejos han quedado los frentes comunes, las fotos de familia de los que acudirían juntos a Madrid a negociar el acuerdo conforme a las disposiciones estatutarias, y es que la legislatura va tocando a su fin y todos necesitan encontrar su espacio y escenificar discrepancias.

El nuevo acuerdo de financiación se ha negociado entre gobiernos del mismo signo, en una opaca negociación bilateral cuyo único objetivo era garantizarse la estabilidad política para el resto de la legislatura. Nada les ha importado condicionar con ello el futuro de otros gobiernos autonómicos, que se han quedado al margen de la negociación y que tienen derecho a reprochar tanto el proceso como el acuerdo final.

El PSOE necesitaba aliados que siempre estén dispuestos a ayudar si les supone réditos para su política partidista y les permite ir un paso más allá en su espiral de reivindicaciones. Así lo expresaba el máximo dirigente de ERC desde la tribuna, al afirmar que sus tres diputados en el Congreso han sido determinantes en la decisión. Mientras no obtengan su soñada independencia favorecerán todo acuerdo que suponga un paso firme hacia ella y el principio de solidaridad está de más.

El acuerdo también era importante para el PSC que, con una triunfalista puesta en escena, ha querido salvar la cara en el último tramo de una legislatura que sabía perdida, consiguiendo un acuerdo que garantice la estabilidad y avanzar un paso hacia un futuro incierto.

El acuerdo es de intereses políticos y no económicos y tiene inquietantes lagunas. El pacto ha sido calificado por algunos expertos como una tortura estadística, basada en estimaciones que poco tienen que ver con la realidad. No existen cifras oficiales, carece de compromisos concretos y de garantías de cumplimiento, y lo más grave es que el nuevo modelo prevé unos ingresos en la recaudación que nada tienen que ver con la actual coyuntura, en la que los ingresos vía impuestos están en caída, la destrucción de empleo se sitúa ya en un 17% y en la que el único remedio para hacer efectivos los compromisos adquiridos es el aumento de los impuestos en un contexto desfavorable de crisis que penalizará la recuperación y incrementará el déficit publico.

Si ciertamente el nuevo modelo supone un gran incremento de los recursos, ahora es el momento de ser más rigurosos que nunca. Es necesario hacer públicas las cifras, aplicar criterios de austeridad y cumplir las medidas de disciplina presupuestaria que limiten el déficit y que pongan en práctica un proceso de simplificación del sector publico que ha crecido de manera exponencial, reduciendo el número de organismos y empresas públicas. Está pendiente la reforma fiscal que debe evitar la penalización de las empresas catalanas, abordar la rebaja de impuestos que las discrimina y les permita sobrellevar la crisis.

Entre la prioridades debe constar también la garantía de impulsar un nuevo modelo de financiación que permita a las entidades locales superar la actual situación de asfixia financiera que padecen y que garantice la igualdad en la prestación de servicios con independencia del territorio en el que se resida.

Pero lo más importante es garantizar que los nuevos ingresos estarán sujetos a criterios de inversión ajustados a las necesidades sociales que reclaman un incremento en las partidas presupuestarias correspondientes a sanidad, educación, seguridad y servicios sociales, especialmente a garantizar el cumplimiento de la ley de dependencia que acumula un considerable retraso.

En los últimos años hemos sido testigos de las grandes expectativas generadas por los gobiernos socialistas que nunca llegan a cumplirse y que favorecen la desconfianza y la desafección política. Si el nuevo modelo de financiación es tan beneficioso como dicen, ahora van a tener la ocasión de demostrarlo.

Entre negociación y negociación, los miembros del tripartito habrán exhibido sus habituales desacuerdos y su disconformidad con un modelo de financiación que nunca les parecerá suficiente y del que el mismo presidente del gobierno, admite antes de aprobarse, que pueda estar sujeto a modificaciones.

Seguramente o casi con toda probabilidad, a las quejas de los socios del tripartito se unirán las quejas de los diferentes presidentes autonómicos, mostrando su disconformidad por el trato de favor dispensado a algunos en reuniones de carácter bilateral de las que nada se sabe y cuya opacidad, levanta la sospecha de posibles privilegios para unos y perjuicios para otros.

En la función de la financiación cada uno tiene su papel, aunque esta vez el escenario no será el Consejo de política fiscal y financiera, ya que Rodríguez Zapatero se guarda el papel protagonista en el que lo importante es quedar bien y evidenciar una distribución de ganancias que los deje a todos contentos.

En Cataluña, somos muchos los que nos preguntamos cuáles serán las condiciones, en que invertiremos los ingresos y como los gestionará el tripartito. Ya que en los últimos años, ha crecido la indignación por la malversación del dinero público, haciendo que muchos se cuestionen si la nueva financiación no debiera ir acompañada de criterios de inversión, a la par de exigir rigor, y una mayor transparencia y eficacia en la gestión.

Son muchos los ejemplos que así lo exigen. Estos días ha trascendido como Carod-Rovira paga dietas a sus representantes en las embajadas catalanas por valor de 12.000 euros al mes, a los que hay que sumar la dotación presupuestaria de 2,2 millones euros destinados a la proliferación de las mismas por diversos lugares del mundo, amén del salario de cada uno de los empleados.

También hace ahora un año, descubrimos que la promoción de las selecciones deportivas catalanas cuesta al bolsillo de los catalanes 1,2 millones de euros al que hay que sumar el alquiler del palacete que utilizan como sede en el centro de Barcelona.

Asimismo, tenemos conocimiento que la promoción de la lengua catalana y la enseñanza en catalán en el sur de Francia nos cuesta a los catalanes 2,9 millones de euros de nuestro presupuesto. O la promoción de las numerosas empresas y entidades, que controla el editor y presidente de Acció Cultural del País Valencià, que han recibido más de 10 millones de euros de la Generalitat de Cataluña durante los últimos cinco años.

También hemos sabido que en política de cooperación el gobierno catalán no tiene las cuentas claras, y que entre otras muchas cosas, las tribus indígenas de Ecuador han recibido de manos del Vicepresident, un millón de euros para el fomento de las lenguas indígenas.

Por otro lado, tenemos el doblaje de las películas al catalán, que nos ha costado 1,5 millones de euros, y los costes de los informes innecesarios o las subvenciones a numerosas entidades presididas por amigos a los que hay que pagar favores como las dos últimas escandalosas subvenciones concedidas a la Fundació Cultura, que recibió 77.000 euros el último trimestre de 2008 y los 50.000 euros que recibió Sobirania i Progrés, ambas presididas por el candidato de ERC a las europeas y hoy eurodiputado Oriol Junqueras.

La cantidad de dinero dilapidado es mucho y las necesidades sociales pendientes de atender en prestaciones de dependencia, costes sanitarios, plazas escolares, ayudas a las familias, atención a los mayores y un largo etcétera podrían haberse sufragado en buena medida con esos importes.

Malbaratar el dinero público ha hecho crecer la indignación del conjunto de los catalanes que conscientes de las dificultades por las que atraviesan en tiempos de crisis, y aún satisfechos por las nuevas ganancias del acuerdo de financiación deben exigir a los responsables de su gestión mayor transparencia y rigor.

Zapatero captó el mensaje y en su último debate parlamentario decidió escribir el guión de Yo te invito, pagas tú. El argumento se basa en un conjunto de medidas anticrisis, dispersas, improvisadas e ineficaces. Un golpe de efecto que ha provocado el quejido de los gobiernos autonómicos que no están dispuestos a pagar la factura del despilfarro de un gobierno moroso.

Hechas las advertencias por voces autorizadas, llegaron las rectificaciones del guión a sabiendas que el plante de los actores no se iba a hacer esperar, las subvenciones a la compra de coches provoca la caída de ventas, la supresión de la desgravación por vivienda, provocó la sublevación de los ahorradores, y las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, se han considerado insuficientes. A Zapatero se le emborronó el guión.

La producción volvió de la mano de la ministra González Sinde, responsable de cultura, que en su película Mentiras y gordas retrató a los jóvenes españoles como irresponsables, incapaces de solucionar sus problemas porque se entregan al delirio de la noche, al sexo desenfrenado, a las drogas y al alcohol.

No es de extrañar que si ése es el patrón de conducta de los jóvenes que tiene el Gobierno, esta semana las ministras de Sanidad e Igualdad acudieran en su auxilio para escribir el guión de una nueva película de género dramático, que lleva por título Con píldoras y a lo loco. El argumento recurre a la falsa retórica que afirma que en una sociedad progresista, incapaz de concienciar a los suyos del valor de la vida y a fin de reconocer más derechos a la mujer, hay que suministrar la píldora postcoital, hacer del aborto una prestación sanitaria más y sustraer los derechos a los padres, para ocultar así los efectos de los excesos juveniles y que siga la fiesta.

Mientras tanto el ministro de Educación se atrevió con otra ocurrencia, que sin duda situará a nuestros escolares en la cima de la tecnificación mundial y que podríamos titular Menos valores y más ordenadores. Con ello, y de un plumazo, solucionamos las exageradas cifras de fracaso escolar que tienen al país desolado.

Pero el mejor guión cinematográfico de la semana en el género de la ciencia ficción y que bien podía llevar por título Esperando a Chacón ha sido el protagonizado por un buque de la Armada española que en misión internacional, esperó durante tres días una decisión ministerial tras el arresto de unos piratas. Durante ese tiempo Chacón y Moratinos, navegaban a plena vela por el limbo jurídico, rebuscando entre sus papeles un acuerdo internacional que a modo de manual de instrucciones les iluminara sobre la decisión a tomar. Perplejidad y ridículo.

Gobierno o ficción es el título de la última película que han escrito los españoles. Pasemos de las musas al teatro o más bien de las ocurrencias a la realidad. No nos faltará coraje para salir adelante a pesar del Gobierno, que olvida que las personas son las primeras víctimas de esta situación y que a toda crisis económica va unida una crisis social que devalúa los conceptos como el deber, la obligación, el compromiso o la responsabilidad.

Las cosas están difíciles y nuestro futuro no puede depender de si se ha ganado o perdido un debate, sino más bien de otras cosas.

De la honradez de empresarios que mantendrán sus empresas con un esfuerzo titánico por evitar el cierre y el perjuicio de sus trabajadores. De la solidaridad de las familias que responderán de nuestras necesidades cuando nos llegue el drama del desempleo, de los padres que se responsabilicen de sus hijos para enseñarles el límite de sus conductas, la responsabilidad de sus actos y el compromiso con los demás. De los profesores con vocación que junto al ordenador portátil sepan ser fuente de conocimiento y de valores para sus alumnos, y de los propios jóvenes que, conscientes de su futuro, quieran realizar el esfuerzo necesario que les proporcione seguridad y bienestar.

Si depende de nosotros mismos, las cosas nos irán mejor a pesar de este Gobierno.