Sánchez-Camacho: “La comisión de investigación tiene que aclarar las connivencias políticas y por qué Millet robó 35M de euros sin que nadie se diera cuenta”

26.07.2010

La presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, ha afirmado hoy que “las conclusiones de la comisión de investigación tienen que aclarar en la medida de lo posible que ha fallado para que Millet y sus cómplices robaran 35 millones de euros sin que ninguna administración se diera cuenta y también aclarar las connivencias políticas en forma de financiación ilegal de partidos, tratos de favor y tráfico de influencias que se han dado entorno al Palau de la Música”. En este sentido, Sánchez-Camacho ha asegurado que “cualquier sensación de impunidad sería gravísimo para la credibilidad política; esta comisión no se puede cerrar en falso”.

Respecto al informe hecho público hoy por la Oficina Antifraude de Cataluña, que ha tildado de “contundente”, la presidenta del PPC ha señalado que “la ‘duda razonable’ de la OAC sobre la financiación de CDC a través de Millet y el tema del Hotel, permitido por administraciones gobernadas por el PSC, no pueden quedar sólo en indicios sin más recorrido”. En este sentido, ha reclamado tanto a CDC como a PSC que “se asuman responsabilidades políticas” y ha señalado que “es imprescindible la acción de la justicia hasta el final con estos casos de presunta corrupción”.

Sánchez-Camacho ha recordado que el mismo informe de la OAC ha puesto de relieve los errores en l control del dinero público de la Sindicatura de Cuentas y de la intervención general de la Generalitat, lo que ha considerado “un hecho muy grave”. En este sentido, ha anunciado que el PPC llevará en su programa electoral medidas para reforzar el control y el buen funcionamiento de ambos organismos.

Asimismo, ha reiterado que “si el representante de una empresa ha mentido en la comisión de investigación y se demuestra, la administración no ha de volver a contratarla; y si también ha mentido un diputado o alto cargo, no ha de poder volver a ocupar una responsabilidad política de ningún tipo”.

PROHIBICIÓN DE LOS TOROS EN CATALUÑA

Por otra parte, Sánchez-Camacho ha asegurado que “la liberad de voto del PSC y de CiU no puede ser la coartada para acabar siendo cómplices de la prohibición de los toros en Cataluña; en política hay que ser consecuentes y tener una posición. Todas son respetables en democracia pero no se puede estar a favor y en contra de los toros a la vez”.

La presidenta del PPC ha insistido en que “Cataluña no se puede convertir en la tierra de las prohibiciones; desde el PPC defendemos la libertad de poder seguir celebrando corridas de toros y le pedimos a los grupos de PSC y CiU en el Parlament un gesto de coherencia para respetar los derechos de los que quieran asistir a estos espectáculos”. Según Sánchez-Camacho, “no tiene ninguna lógica que los catalanes que quieran ver corridas de toros tengan que ir, por proximidad, al sur de Francia o a Aragón o Valencia”.

Para Sánchez-Camacho, “la prohibición de la fiesta de los toros en Cataluña se ha incorporado a los objetivos de la campaña para excluir de la vida habitual todo aquello que compartimos los catalanes con el resto de los españoles”. “La continuidad de los toros en Cataluña ya no es sólo una cuestión de respeto a una parte de la cultura compartida de Cataluña y España, es una cuestión de defensa de la libertad ante la prohibición y la imposición”, ha añadido.

RECORTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Finalmente, la presidenta del PPC se ha referido a las declaraciones del ministro de Fomento, José Blanco, en as que ha afirmado que el recorte de las infraestructuras favorece a Cataluña. Según Sánchez-Camacho, estas afirmaciones son “una tomadura de pelo”: “El Gobierno del PSOE no sólo no dejará ninguna nueva infraestructura para Cataluña, sino que hace el mayor recorte de la historia, afectando a cinco grandes infraestructuras y, por tanto, a la competitividad de Cataluña y a los 20.000 puestos de trabajo que se derivan”. Asimismo, ha considerado a CiU “corresponsable de este recorte, ya que con su abstención permitió la aprobación de un real decreto que, no sólo congeló las pensiones y bajo el sueldo de los funcionarios, sino que paralizó las licitaciones de obra pública”.