Immigración
Situación actual
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España es el segundo país receptor de inmigrantes, sólo superado por Estados Unidos.
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La inmigración irregular es también la consecuencia de una política inadecuada e ineficaz para canalizar legalmente los flujos migratorios. Las personas que llegan a España por los cauces regulares son una minoría.
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La situación actual después de esa regularización masiva es que hay 900.000 extranjeros en situación irregular y más de un millón de extranjeros que vinieron a España a trabajar están hoy en paro. Es decir cinco veces más que cuando Zapatero llegó al poder. La tasa de paro de los extranjeros es del 27%, once puntos más que los trabajadores españoles.
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El fracaso de la política socialista lo pagan los ciudadanos en sus ayuntamientos y Comunidades Autónomas, ya que en momentos de crisis hay una mayor demanda de los recursos sociales que tienen que cubrir estas administraciones con menos recursos.
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El ministro Corbacho además ha reconocido que hay un 20% de economía sumergida.
Propuesta del PP
Integraremos los inmigrantes en nuestro marco de convivencia y sistema de valores, exigiéndoles a ellos responsabilidad personal y colectiva.
Exigiremos un Compromiso de Integración y Convivencia. Los inmigrantes que deseen establecerse en Cataluña, deberán comprometerse a aceptar y asumir nuestros valores constitucionales, a cumplir nuestras leyes, a aprender las dos lenguas, a pagar sus impuestos y cotizaciones sociales.
Controlaremos que las personas que solicitan empadronarse vivan en viviendas que no estén sobre ocupadas y mejorar la colaboración efectiva entre los juzgados y la administración para evitar que la inviolabilidad del domicilio sirva de cobertura para infringir el ordenamiento jurídico.
Ejerceremos más control de los comercios que incumplen la normativa vigente y generan competencia desleal con los comerciantes que cumplen las normas.
Cumpliremos con el deber legal de ceder los datos del Padrón a la DirecciónGeneral de la Policía, con la finalidad del control y permanencia de los inmigrantes, y reclamar al Gobierno del Estado la exigencia de su cumplimiento.
