“Las lagunas de la financiación”

‘Mientras uno de los más importantes parajes naturales de Cataluña ardía sin control y el fuego segaba la vida de cinco bomberos de la unidad de élite, los políticos catalanes con mando en plaza no han perdido ocasión de ofrecer otro espectáculo de contradicciones y desautorizaciones protagonizado entre Saura y la ministra Chacón que muy bien se podrían haber ahorrado.Era el momento de dividir nuestras fuerzas entre la lucha contra el fuego y el apoyo emocional a las familias que lo necesitaban, pero tampoco en esta ocasión nos libramos de los acostumbrados ejemplos de descohesión y de falta de coordinación que desprestigian tanto la política catalana.

Mientras esto ocurría, el Parlament celebró una maratoniana sesión para debatir el nuevo modelo de financiación que en nada iba a cambiar la situación y cuya única lógica sólo es justificable desde la perspectiva nacionalista de CiU, que en esta negociación se ha quedado sin protagonismo y necesitaba encontrarlo elevando el tono de la reivindicación y apelando a los incumplimientos estatutarios. Lejos han quedado los frentes comunes, las fotos de familia de los que acudirían juntos a Madrid a negociar el acuerdo conforme a las disposiciones estatutarias, y es que la legislatura va tocando a su fin y todos necesitan encontrar su espacio y escenificar discrepancias.

El nuevo acuerdo de financiación se ha negociado entre gobiernos del mismo signo, en una opaca negociación bilateral cuyo único objetivo era garantizarse la estabilidad política para el resto de la legislatura. Nada les ha importado condicionar con ello el futuro de otros gobiernos autonómicos, que se han quedado al margen de la negociación y que tienen derecho a reprochar tanto el proceso como el acuerdo final.

El PSOE necesitaba aliados que siempre estén dispuestos a ayudar si les supone réditos para su política partidista y les permite ir un paso más allá en su espiral de reivindicaciones. Así lo expresaba el máximo dirigente de ERC desde la tribuna, al afirmar que sus tres diputados en el Congreso han sido determinantes en la decisión. Mientras no obtengan su soñada independencia favorecerán todo acuerdo que suponga un paso firme hacia ella y el principio de solidaridad está de más.

El acuerdo también era importante para el PSC que, con una triunfalista puesta en escena, ha querido salvar la cara en el último tramo de una legislatura que sabía perdida, consiguiendo un acuerdo que garantice la estabilidad y avanzar un paso hacia un futuro incierto.

El acuerdo es de intereses políticos y no económicos y tiene inquietantes lagunas. El pacto ha sido calificado por algunos expertos como una tortura estadística, basada en estimaciones que poco tienen que ver con la realidad. No existen cifras oficiales, carece de compromisos concretos y de garantías de cumplimiento, y lo más grave es que el nuevo modelo prevé unos ingresos en la recaudación que nada tienen que ver con la actual coyuntura, en la que los ingresos vía impuestos están en caída, la destrucción de empleo se sitúa ya en un 17% y en la que el único remedio para hacer efectivos los compromisos adquiridos es el aumento de los impuestos en un contexto desfavorable de crisis que penalizará la recuperación y incrementará el déficit publico.

Si ciertamente el nuevo modelo supone un gran incremento de los recursos, ahora es el momento de ser más rigurosos que nunca. Es necesario hacer públicas las cifras, aplicar criterios de austeridad y cumplir las medidas de disciplina presupuestaria que limiten el déficit y que pongan en práctica un proceso de simplificación del sector publico que ha crecido de manera exponencial, reduciendo el número de organismos y empresas públicas. Está pendiente la reforma fiscal que debe evitar la penalización de las empresas catalanas, abordar la rebaja de impuestos que las discrimina y les permita sobrellevar la crisis.

Entre la prioridades debe constar también la garantía de impulsar un nuevo modelo de financiación que permita a las entidades locales superar la actual situación de asfixia financiera que padecen y que garantice la igualdad en la prestación de servicios con independencia del territorio en el que se resida.

Pero lo más importante es garantizar que los nuevos ingresos estarán sujetos a criterios de inversión ajustados a las necesidades sociales que reclaman un incremento en las partidas presupuestarias correspondientes a sanidad, educación, seguridad y servicios sociales, especialmente a garantizar el cumplimiento de la ley de dependencia que acumula un considerable retraso.

En los últimos años hemos sido testigos de las grandes expectativas generadas por los gobiernos socialistas que nunca llegan a cumplirse y que favorecen la desconfianza y la desafección política. Si el nuevo modelo de financiación es tan beneficioso como dicen, ahora van a tener la ocasión de demostrarlo.

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